Nota para la edición del 1° de Mayo de la revista ABRE BRECHA. Por el colectivo de Abogadxs populares la ciega.
“No hay peor fascista que un burgués asustado”
Bertolt Bretch.
La muerte de David Moreira, en Rosario, después de una feroz golpiza a manos de una turba de supuestos “vecinxs comunes indignados por la inseguridad” es el ejemplo más doloroso de una sociedad de consumo en donde el odio hacia quienes atentan contra la propiedad privada llega a niveles inimaginables.
La actitud de estas hordas linchadoras reproduce y multiplica absolutamente la reacción del “burgués asustado”… por miles. Es fascismo y barbarie en su más puro estado. Existe plena responsabilidad de quienes han dirigido esta sociedad durante décadas, aportando a las concepciones individualistas y egoístas que sostienen y fomentan el modo de producción capitalista, en contraposición con la necesaria e imprescindible fraternidad humana.
Son estos mismos sujetos los que, por un lado, protestan por la “inseguridad” y por otro son capaces de actuar como jauría enfurecida sobre la humanidad de otro individuo moliendo y hasta matando a golpes sólo porque “alguien dijo” que había cometido un delito, estos son actos de salvajismo puro a los que nos ha llevado este sistema capitalista. Son ellos, aunque resulte una obviedad, son ellos quienes cometen el delito de homicidio calificado y deben responder ante la justicia por esto.
Los “linchamientos” son acciones que toman a pequeñxs ladrones, o sospechosxs de serlo, en chivos expiatorios de todos los males. Y no se trata aquí de desconocer el avance de la inseguridad, pero sí rechazar que la forma de combatirla sea con una escalada aún mayor de violencia. La inseguridad no es responsabilidad de quien sale a robar, hombres y mujeres, que así como algunos nacen en cuna de oro, a ellxs les tocó nacer sin cuna, sin educación, sin asistencia médica, sin un plato de comida, pasando frío y calor, con los lazos sociales rotos, destruidos –entendemos que esta es la verdadera inseguridad–.
La respuesta que dieron los sectores de poder, en medio de una marea mediática y justificadora, dejo un claro mensaje, si bien con algunos matices, hacía un mayor endurecimiento represivo. Esto se materializó en el anuncio de Scioli de declarar la “emergencia en materia de seguridad”, apuntando a la profundización del estado policial de la mano de la nefasta Policía Bonaerense. La reincorporación de unos 15 mil agentes retirados –que se sumarán a los 60 mil actuales– y la compra de armamento por 600 millones de pesos, tienen como único fin dar una respuesta demagógica a la supuesta demanda popular por “seguridad”, se vislumbró incluso la posibilidad de prohibir a lxs acompañantes en motos de baja cilindrada en lugares céntricos.
Entonces la principal política para responder a los problemas relacionados con la seguridad ciudadana es la de encarcelar personas, pero no a cualquier persona sino a aquellas que responden a un estereotipo (el de ser jóvenes y pobres) y que cometen cierto tipo de delitos (delitos contra la propiedad), la mayoría de las cuales (más del 50%) se encuentran amparadas por el principio constitucional de inocencia y bajo el régimen de la prisión preventiva.
Todo eso apunta más al control y al disciplinamiento social que a la prevención del delito. Contrariamente a lo que nos intentan hacer creer el Estado está hoy más presente que nunca, desde 1983, en materia represiva. Según CORREPI, durante la gestión kirchnerista, con la militarización de los barrios a través de gendarmería, prefectura y las policías, se produjeron 2.400 fusilamientos de gatillo fácil sobre un total de 4.100 desde 1983; hubo 67 desapariciones forzadas; creció exponencialmente la población carcelaria (dentro de esta el 80% de lxs presxs permanece sin condena). La represión a los conflictos obreros eclosionó: miles de causas judiciales contra luchadorxs, condena a perpetua de los trabajadores de Las Heras, 21 asesinadxs en movilizaciones y protestas, presxs políticxs como los de Corral de Bustos y Quebracho, la sanción de siete leyes antiterroristas, la sustitución de la tradición de asilo político por la compulsiva extradición de refugiados como lxs campesinxs paraguayxs y el reciente proyecto de ley de “convivencia en las manifestaciones sociales” impulsado para limitar y controlar el derecho a la protesta. Este último proyecto, aplaudido por los sectores de la oposición más reaccionaria como el Macrismo y el Massismo, avanza aún más en la criminalización de la protesta social; intenta limitar las protestas tildándolas de ilegitimas en caso de que impidan el tránsito o bien afecten un derecho esencial, habilitando en tal caso el uso de las fuerzas represivas para impedirlas.
Porque estas medidas están destinadas de ante mano al fracaso y parecieran tener como único objetivo la proyección electoral de quienes las impulsan, creemos necesarios ser categóricos en el repudio de estos hechos de aumento de mano dura –desde los linchamientos hasta la emergencia en seguridad dictada por Scioli y el proyecto de ley que comentamos. Estos no son “justicia”, no atacan las causas estructurales y condenan brutalmente a quienes son más víctimas que victimarios de este sistema social. Por el contrario, entendemos que con mayor fuerza debemos organizarnos para reclamar por trabajo, salud, educación, vivienda, y el reparto de la riqueza. Debemos tomar en nuestras manos la construcción cotidiana de otro mundo posible, en las calles, en los barrios, en las escuelas, en las universidades, como venimos haciendo desde hace muchos años desde las organizaciones populares.
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